Reporte de la CIDH: Situación de las personas afrodescendientes en las Américas

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Políticas culturales: el paraguas del desarrollo nacional

Entendámoslo de una vez: las políticas culturales no sirven solo para preservar el patrimonio arqueológico ni para promover el anquilosado academicismo que fuera el modelo a seguir hasta el siglo pasado. Tienen que ver con la gestión integral nacional de la cultura, concebida como manifestación de absolutamente todo lo que se crea, expresa, manifiesta y omite por parte de los ciudadanos, y se convierten en nuevos desafíos para los Estados.

Bajo esta premisa, son dos las principales tareas pendientes que tiene el gobierno antes de pretender implementar políticas culturales eficaces. La primera es democratizar la cultura, de tal manera que todos puedan acceder a ella, y que todos puedan producirla y convertirla en parte de una gran industria. Para esto, es necesario que las bases productoras de cultura (el pueblo, por así decirlo, en el sentido más amplio del término) se organicen de tal manera que puedan interactuar con las élites políticas en igualdad de condiciones para que estas últimas creen un marco legal que se ajuste a las necesidades específicas de cada manifestación, considerando el contexto específico de cada pueblo.

Sin embargo, vemos aquí que el problema del Perú sigue siendo el mismo de siempre: por un lado, los creadores no solo desconocen los mecanismos que les permitirían participar de la gestión de las políticas culturales sino que, además, no saben que conocerlos es su obligación como ciudadanos. Y esto es consecuencia de varios siglos de enajenación, segregación y exclusión por parte de un Estado que cierra los ojos ante la diversidad y la riqueza de su cultura.

De otro, los actores que impulsan el movimiento del mercado sí parecen reconocer la importancia de la diversidad… como aliciente de ventas y herramienta de márquetin, pues habría que ser extremadamente ingenuos para atribuirle solo intereses altruistas a las empresas privadas y, mucho menos, un análisis inteligente y objetivo del impacto social de la manipulación de la cultura. La mediación estatal en este punto es de vital importancia.

Todo esto nos lleva a pensar en la segunda tarea pendiente del Estado, previa al establecimiento de políticas culturales apropiadas: la inclusión social en todos los ámbitos y en todas las direcciones posibles. Inclusión de pueblos, etnias, culturas, lenguas y cosmovisiones; de sectores socioeconómicos; de mujeres y niños en igualdad de condiciones. Desde este punto de vista, las taras a combatir son la discriminación, el racismo y, sobre todo, el desequilibrio económico que afecta siempre a los mismos sectores y sin cuya participación, como ya hemos visto, la implementación de las políticas culturales es imposible.

El rubro cultural en el Perú 

A la luz de lo expuesto, resulta evidente que una institución dedicada a crear, implementar y monitorear políticas culturales deberá velar también por la preservación de las manifestaciones, teniendo en cuenta que esto empieza necesariamente con la inclusión de todos los ciudadanos. En resumen, debe considerarse que la gestión del Estado en el ámbito cultural está estrechamente relacionada con el trabajo en materia de derechos humanos.

Esta concepción sobre la cultura y su vinculación con los derechos fundamentales ha ido forjándose tanto en Europa como en América Latina desde la década de 1960, y tiene que ver con los enfoques de desarrollo que han ido incorporándose en el trabajo de los gobiernos y de los principales organismos y agencias internacionales (en especial, las de la ONU).

La tendencia llegó a Perú a mediados de la década pasada (Alejandro Toledo tuvo en agenda durante varios años la creación de un ministerio específico para este sector), tomando forma hacia la etapa final del segundo gobierno aprista.

La creación del Ministerio de Cultura durante el segundo gobierno de Alan García se anunciaba como una decisión poco afortunada. Si bien  era imprescindible y urgente contar con dicha instancia gubernamental, el problema estaba en los enfoques poco inteligentes y bastante conservadores que el aprismo tiene hasta la actualidad sobre políticas culturales.

Pese a las angustias de muchos y con el entusiasmo de pocos, en agosto de 2010 se creó el ministerio sin tener claros sus alcances, los límites y la especificidad de sus funciones.

El Estado dio este gigantesco paso sin preocuparse de los pasos previos (la inclusión social y la democratización de la cultura). La definición de cultura dada por la Ley de creación del Ministerio de Cultura (Ley 29565, julio de 2010), “considera en su desenvolvimiento a todas las manifestaciones culturales del país que reflejan la diversidad pluricultural y multiétnica”, incluye a todas las instancias “que realizan actividades vinculadas a su ámbito de competencia, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades referidas al sector cultura”, y cuenta con las siguientes áreas programáticas: a) Patrimonio Cultural de la Nación, Material e Inmaterial, b) creación cultural contemporánea y artes vivas, c) gestión cultural e industrias culturales, y d) pluralidad étnica y cultural de la nación (artículos 3 y 4). La mayor parte de esta ley parece consagrar al ministerio a la administración y preservación patrimonial antes que a la gestión e implementación de políticas.

La misma Ley 29565 contempla, en su artículo 19, la figura del viceministro de Interculturalidad, como “la autoridad inmediata al Ministro en asuntos de Interculturalidad e Inclusión de las Poblaciones Originarias”, concentrando solo en ella las actividades y responsabilidades que deberían ser transversales a toda la estructura institucional.

La gestión aprista

Cecilia Bákula, nefasto personaje que 

tuvo a su cargo el INC.

Las iniciativas del segundo gobierno de Alan García parecían estar destinadas a perpetuar la figura del líder aprista sin contar con una orientación política específica, de espaldas a la realidad peruana y a lo que debería ser una gestión cultural democrática e inclusiva. Cecilia Bákula tuvo a su cargo el Instituto Nacional de Cultura (INC), enfocándose en la conservación, registro y/o recuperación del patrimonio material e inmaterial. Por lo demás, Bákula será recordada por su visión y gestión conservadora de la cultura (recordemos la vergonzosa censura a las caricaturas de Piero Quijano, por ejemplo), que hacía eco de las iniciativas megalómanas de García, y por sus desafortunadas políticas laborales, centradas en una supuesta austeridad económica y en la verticalidad autoritaria.

Juan Ossio, ministro de Cultura desde setiembre de 2010, hizo más de lo mismo pero con menos personalidad. Dio marcha y retroceso, con sendos decretos y derogaciones, sobre la incorporación al ministerio de la Escuela Nacional de Ballet, Escuela Nacional de Arte Dramático, Escuela Nacional de Folclore, Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional de Música, sin consultarles nada. Se dispuso del Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine) sin consultar a los realizadores y productores. También, durante su gestión, se hizo una férrea defensa del Cristo del Pacífico (que apareció prácticamente de la noche a la mañana en la costa limeña, nuevamente sin consultar siquiera a la Municipalidad de Lima).

La gestión nacionalista

Susana Baca, primera afrodescendiente 

en ocupar un cargo ministerial, fue 

Ministra de Cultura  por cuatro meses.

En junio de 2011, la designación de Susana Baca como ministra de Cultura del gobierno de Ollanta Humala sorprendió a propios y extraños… al igual que su destitución, ocurrida hace una semana. Luego de 133 días al frente del ministerio, al parecer su trabajo se basó en gestos y no en lineamientos políticos: fue la primera mujer afrodescendiente que formó parte de un gabinete peruano y sus logros, por llamarlos de alguna manera, se basaron en la influencia de su carisma y no en decisiones institucionales. Diera la impresión de que no tuvimos a nadie a la cabeza del ministerio en los últimos cuatro meses.

El pasado domingo, el sociólogo, profesor y maestro Luis Peirano asumió la cartera de Cultura, cargando con todos los desafíos que, supuestamente, Susana Baca debió encarar con el fin de establecer los lineamientos políticos nacionales en el sector. La diferencia es que Peirano sí cuenta con alguna experiencia en gestión cultural y eso nos hace ver una luz al final del túnel: ha sido miembro de la Comisión Nacional de Cultura del Comité Técnico de Cultura de la UNESCO (2004 y 2005) y de la Comisión Nacional de Cultura, y presidente del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO, 1993-1997) y del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (2006 y 2007).

Luis Peirano sucedió a Susana Baca.

Pero, con todo, el gobierno de Gana Perú aún no da señales de tener un rumbo específico, lo cual no solo se circunscribe a las políticas culturales. Más bien, tras una mirada general a las recientes decisiones en materia de desarrollo económico y social, vuelven a estar presentes las antiguas suspicacias sobre su perfil democrático, con el agregado de las decepciones de sus votantes por los constantes reacomodos, cada vez más hacia la derecha. Bajo este marco, las políticas culturales como parte del motor de desarrollo y como principio y fin de una verdadera inclusión social parecieran no formar parte de las prioridades del Estado. Aunque también es cierto que el gobierno anterior dejó más pasivos que activos, y que probablemente este gobierno se demore más en desenredar los laberintos de las gestiones pasadas antes de poder tener claros los objetivos que persigue, los medios con los que cuenta y los pasos a seguir.

Mientras tanto, parece que seguiremos huérfanos de políticas culturales en el Perú.


Por Daniel Ágreda Sánchez
Publicado en el número 5 de la Revista Siete.

Afrodescendientes: luchando en el siglo XXI

El Año Internacional de los Afrodescendientes (2011) está por finalizar y poco o nada se ha hecho en la política nacional a favor de los derechos de este grupo étnico y cultural. Y ni hablar del absolutamente nulo abordaje mediático sobre este tema. ¿Alguien dijo (nuevamente) discriminación?

Nicomedes Santa Cruz

Tres de diciembre de 1854; en Perú, el entonces presidente Ramón Castilla promulga el decreto de la abolición de la esclavitud (manumisión), dándole la libertad a todos los hombres (fundamentalmente, a los negros).

Dieciséis de noviembre de 2011; casi 160 años después, los participantes del Foro de la Sociedad Civil del Encuentro AFROXXI, emiten la “Carta de Salvador, por la dignidad, los derechos y el desarrollo de las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes”, consignando puntos urgentes a ser atendidos por los Estados. Lamentablemente, se trata de los mismos puntos de siempre: racismo, discriminación, pobreza, escaso acceso a la salud y educación.

Hubiese sido genial decir que, desde 1854 hasta 2011, corrió mucha agua bajo el puente y que muchos han sido los avances en materia de derechos humanos para la población afrodescendiente, pero la realidad es otra (mejor dicho, la misma de siempre).

Año internacional 

La Asamblea General de la ONU declaró, mediante Resolución No. 64/169, que 2011 sería el Año Internacional de los Afrodescendientes, enfocando sus esfuerzos en los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Susana Baca.
Fotografía de Thierry DesFontains.
D.R. Luaka Bop.

La ONU consagra años internacionales para las poblaciones en situación de desventaja. Lo hizo con los pueblos indígenas… y como en 12 meses no se resuelve problemas enraizados durante siglos (por incapacidad, desconocimiento y falta de voluntad política), tuvo que consagrar para ellos un decenio completo.

Algo parecido sucede con los afrodescendientes. Los Estados no solo no crean ni incorporan políticas públicas que beneficien a la población afrodescendiente sino que ni siquiera dan los primeros pasos en dicha dirección: por ejemplo, no han sido realizados censos poblacionales desagregados por etnias, con un enfoque basado en la diversidad cultural, que ayuden a comprender necesidades específicas para brindar soluciones satisfactorias.

Y esto no es un capricho de las ONG a favor de los derechos humanos de los afrodescendientes; la mismísima Defensoría del Pueblo ha explicado muy bien esta necesidad: “resulta fundamental contar con estadística oficial, actualizada, específica y desglosada, como un paso previo para el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren la situación del grupo afroperuano. Para ello se recomienda la inclusión de la población afroperuana en las encuestas y censos que en adelante aplique el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), considerando además, entre otros criterios técnicos, la autodeterminación de las personas que se reconocen como afrodescendientes, el enfoque de género y otras variables que permitan conocer la situación de otros grupos vulnerables, como los niños y adolescentes que integran el colectivo afroperuano” (“Los afrodescendientes en el Perú, una aproximación a su realidad y al ejercicio de sus derechos”, Informe de Adjuntía Nº 003-2011-DP/ADHPD, página 14).

Selección peruana de voley femenino, subcampeona mundial en Perú 1982:
Cecilia del Risco, Cecilia Tait, Raquel Chumpitaz, Gina Torrealva, Aurora Heredia y Denisse Fajardo.

La razón de esta necesidad, señalada por la Defensoría, es la existencia de graves problemas estructurales, como el racismo y la discriminación, que “hacen referencia a la desigualdad social, por la cual los colectivos discriminados no solo tienen menor acceso a las instituciones sociales y económicas de desarrollo y bienestar, sino que, además, cuando lo obtienen, los resultados para ellos son inferiores” (ONU. Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Noveno período de sesiones. A/HRC/15/AC.3/).

Según Oswaldo Bilbao Lobatón, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Étnico (Cedet), si bien el Año Internacional de los Afrodescendientes tendría que haber ayudado a mostrar la realidad de esta población en el ámbito internacional para incentivar la creación de políticas nacionales relevantes, solo algunos países como Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador han dado pasos firmes al respecto.

Hace poco (el 19 de noviembre de 2011), mediante la Declaración de Salvador de Bahía (firmada, entre otros, por nuestra Ministra de Cultura), se recomendó el establecimiento de una “Década de los Afrodescendientes en América Latina y el Caribe” (nuevamente, porque 12 meses no dan tiempo para solucionar siglos de problemas).

Conjunto folclórico Perú Negro

Los invisibles de siempre

En el Perú, según Bilbao Lobatón, “El Estado ni siquiera ha hecho una mención al año internacional”. Es más, en el informe oficial presentado al Comité de la ONU contra el Racismo, “pretendió mostrarse como logros el haber derivado la articulación y análisis de nuestras propuestas al Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), así como el perdón histórico por parte del entonces presidente Alan García… y no hay que ser muy avispados para darnos cuentas que los gestos, en sí mismos, no son logros”.

Óscar Bilbao
(foto: Apúntate contra el Racismo)

Para Bilbao Lobatón, el problema radica en la poca visibilización que tiene la población afroperuana en la sociedad. Bromeando sobre el tema señala, por ejemplo, que “ni siquiera somos un colectivo problemático para el país; nadie nos ofrece cultivos alternativos para sacar adelante nuestra economía, porque nuestras actividades agrícolas no incluyen el cultivo de la coca, y durante la época del terror no fuimos enemigos ni para gobierno ni para los terroristas; al menos no como comunidad”.

Pero la discriminación y el racismo no son bromas. Están instaurados en nuestra sociedad y se manifiestan en cuestiones como el escaso acceso a la educación y la salud, así como en cifras terribles que indican, por ejemplo, que solo el 1.8% de los afrodescencientes tiene posibilidades de culminar estudios universitarios (por razones básicamente socioeconómicas).

Cifras como estas con proporcionadas en el Perú por el Cedet y otras ONG. Porque, ante la inacción del Estado, es la sociedad civil la que se pone las pilas: presenta informes alternativos ante la ONU, realiza labores de incidencia, organiza a las comunidades, etc.

Y, para terminar, compartimos algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿sabía usted que Chincha no es ni la única ni la más grande comunidad afroperuana? Existen 82 de ellas, desde Tumbes hasta Tacna, y la más grande es Yapatera, que queda en Piura, a 15 minutos de Chulucanas.

¿O sabía usted que, según un estudio de la Enaho (2004), el 35,7% de los afroperuanos vive en situación de pobreza, lo que supera el porcentaje del promedio nacional (34.8%)? ¿Y que apenas el 25% de ellos (en promedio) accede a los servicios de salud cuando se enferman o accidentan? ¿Qué el 13,8% de la población afroperuana escolar no accede a la Educación Básica Regular, que apenas el 50% termina la secundaria y que el 93.8% de los afroperuanos no puede cursar estudios superiores o universitarios? (Fuente: Informe de Adjuntía Nº 003-2011-DP/ADHPD).

Por último… ¿se enteró usted que 2011 fue el Año Internacional de los Afrodescendientes?

Como ve, le queda un largo camino por recorrer a los afrodescendientes para reivindicar sus derechos. Veremos si el decenio iberoamericano es suficientes para subsanar siglos de discriminación, racismo y olvido.

Por Daniel Ágreda Sánchez
Artículo publicado en la edición número 3 de la Revista Siete (del 4 al 10 de diciembre de 2011)